jueves, 22 de agosto de 2013

Ordena juez de Chihuahua casar a pareja del mismo sexo - proceso.com.mx

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La comunidad lésbico gay de esta entidad ganó el primero de los cuatro amparos interpuestos hasta ahora contra autoridades del gobierno –incluido el titular del Registro Civil– y diputados del Congreso local por oponerse a legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El salvoconducto legal expedido por el juez décimo de Distrito, José Juan Muzquiz Gómez, es el 691/2012 y ordena al director del Registro Civil a proceder a legalizar la unión entre dos varones, de 40 y 47 años de edad. La pareja llevaba 25 años de noviazgo.

Ambos intentaron casarse el pasado 30 de abril, pero el Registro Civil se negó porque el Código Civil en la entidad solo prevé las uniones entre hombre y mujer con fines de procreación.

Tras la negativa, el Movimiento por la Integración de la Diversidad Sexual (Movid), el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) y el abogado Alex Alí Méndez, del grupo Sinergo, promovieron un amparo el 7 de mayo contra la negativa del Registro Civil.

Además, las organizaciones promovieron otros cuatro, entre éstos el de una pareja de mujeres. De las cinco parejas, tres son de Chihuahua y dos de Juárez.

Cuando promovieron los últimos cuatro amparos, incluyeron que fueron excluidos de las discusiones sobre la reforma al Código Civil del Estado, en el Congreso del Estado. Estos casos siguen pendientes.

La resolución del primer amparo ganado indica que la justicia de la Unión ampara y protege a la pareja del mismo sexo contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y de otras autoridades, y ordena que la autoridad ejecutora, el Registro Civil, los case.

Pide interpretar el Código Civil del Estado, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, y aclara que no implica anular los artículos tildados de inconstitucionalidad.

Ahora falta esperar si el Registro Civil, o bien el Congreso o Gobierno del estado, revocan o no la resolución del juez federal, para dejarla sin efecto, para llevar el caso a un Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las organizaciones tienen confianza en que no se pueda dar marcha atrás, por los antecedentes que hay en Oaxaca, Colima y Yucatán.

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