El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) han anunciado este jueves que todas las parejas casadas de mismo sexo recibirán desde este momento el mismo tratamiento fiscal que las de distinto sexo, con independencia del estado en el que tengan su residencia y de que este reconozca o no el matrimonio igualitario. El anuncio es consecuencia directa de la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional la sección tercera de la DOMA (Defense of Marrriage Act), la norma que impedía a la administración federal el reconocimiento del matrimonio igualitario.

No se trata de la primera decisión de un organismo federal reconociendo la igualdad jurídica de todos los matrimonios. Ya desde los primeros días tras hacerse oficial el fallo del Supremo se fueron encadenando decisiones en ese sentido. Cuestiones tales como los beneficios para los empleados federales o la obtención del permiso de residencia para el cónyuge extranjero eran ampliadas a los matrimonios del mismo sexo por el procedimiento de urgencia. Les seguía el anuncio de que estos serían tratados de la misma forma al solicitar un visado de entrada en el país, así como la extensión de beneficios por parte del Pentágono a las parejas homosexuales casadas vinculadas al Ejército. Pero el de este jueves es quizá el reconocimiento de mayor calado práctico para todas las parejas del mismo sexo de Estados Unidos, que aunque residan en estados que a día de hoy no reconocen el matrimonio igualitario podrán casarse en otro estado y ser reconocidos fiscalmente por la administración federal. Con carácter general, estas parejas podrán comenzar a rellenar sus declaraciones como casados en 2013 y solicitar las devoluciones correspondientes a los últimos tres años.

No olvidemos que precisamente el caso que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de la sección tercera de la DOMA fue precisamente una discriminación de carácter fiscal. El Tribunal Supremo dio la razón a Edith (familiarmente "Edie") Windsor, una mujer lesbiana de 83 años que a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009 no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera). Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal federal le dio la razón en primera instancia, fallo que confirmó en octubre de 2012 una Corte Federal de Apelaciones de Nueva York, estableciendo que no existe argumento constitucional que justifique tratarla diferentemente. El Supremo acabó por ratificar dicha inconstitucionalidad.

Conviene añadir que la decisión no es aplicable a las parejas del mismo sexo que hayan contraído unión civil o vinculadas a través de otra institución distinta del matrimonio (institución a la que se refiere específicamente la sentencia del Tribunal Supremo). Ya en julio hacíamos un análisis del modo en que este aspecto afectará a los estados que en el pasado han apostado por la política del "separate but equal": crear una institución jurídica distinta al matrimonio para las parejas del mismo sexo "con los mismos derechos". Tribunal Supremo y Gobierno federal demuestran ahora que lo único que garantiza la igualdad entre parejas del mismo y de distinto sexo es que la institución jurídica que determina sus derechos y obligaciones sea la misma.

Más información sobre la nueva situación fiscal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en Estados Unidos en la web del IRS (en inglés).